Los trabajadores y trabajadoras de OMBDUS no son los culpables de un modelo de contratación precario

    La empresa de servicios de seguridad OMBUDS ha entrado esta semana en concurso de acreedores. Las entidades financieras han cerrado las líneas de crédito que hacían que, hasta el mes pasado, la empresa pudiera satisfacer sus obligaciones a corto plazo, entre ellas el pago de los salarios, que hacía con retraso. En España se emplean en OMBUDS, tanto en su división de seguridad como de servicios auxiliares, 7.000 trabajadores, 170 de ellos en Aragón.

    26/07/2019.
    Seguridad Privada

    Seguridad Privada

    De nuevo un colectivo de trabajadores es víctima colateral de un management empresarial basado en la maximización de valor de la acción, una forma de operar en el mercado absolutamente temeraria pero que provoca un enriquecimiento rápido de los poseedores de los títulos. En este modelo de negocio brilla por su ausencia una planificación prudente y una gestión profesional por lo que, de cualquier bandazo puede derivarse una situación como ésta.

    Este modelo de gestión, no ajeno al modelo imperante en el sector servicios, se distingue también por practicar una competición encarnizada entre las empresas para acceder a contratos de seguridad, tanto en administraciones públicas como con clientes privados. Hacer ofertas temerarias, en las que luego no se puede soportar ni el coste de la mano de obra, lleva a que las empresas con poco ´músculo financiero’, o a las que se les corta las líneas de descuento, no aguanten y acaben por transferir todo el riesgo empresarial a sus acreedores, entre ellos y los más importantes, los trabajadores.

    En Aragón, los 170 trabajadores de OMBUDS, tanto vigilantes de seguridad como auxiliares de servicios, trabajan para clientes como Dana, Adiego, Zufrisa, Zaragoza Deporte Municipal, Correos Carreras, Instalaza, RTVE y Carrefour, entre otros.

    FeSMC-UGT Aragón y CC.OO. de Construcción y Servicios, personados ya en el concurso de acreedores en interés de los trabajadores, instan a las administraciones públicas como a los clientes privados de OMBUDS a resolver sus contratos con la empresa como la mejor vía de mantener los empleos y el cobro de salarios.

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