Comisiones Obreras de Aragón | 28 marzo 2024.

Los sindicatos exigen a la DGA que no permita que los comercios abran el 2 de enero

    Representantes de CCOO Servicios, OSTA y FESMC-UGT han exigido al Departamento de Economía, Industria y Empleo del Gobierno de Aragón que no permita las modificaciones de las fechas de apertura solicitadas por algunos centros comerciales.

    15/12/2016.
    Comercio

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    En una reunión mantenida entre ambas partes, los sindicatos han exigido, de manera urgente, que rechacen las solicitudes de apertura del 2 de enero y que, también de manera urgente, retiren el artículo que permite estos cambios por considerarlo “no ajustado a derecho, ya que la Ley de Horarios Comerciales de Aragón no recoge esta posibilidad”.

    Los sindicatos han explicado al Departamento que “ni Puerto Venecia ni Gran Casa son establecimientos de oferta alimentaria, se trata de centros comerciales que albergan establecimientos, por tanto, no se pueden acoger a este artículo”.

    También han defendido que las supuestas modificaciones de fecha se podrían realizar estableciendo otras fechas en las que haya coincidencia de dos o más festivos, “y en el caso del 2 de enero, no se da este requisito ya que el 1 de enero es domingo y el 2 de enero festivo, por tanto, no hay coincidencia de dos festivos. Es una interpretación incorrecta por parte de las empresas y centros comerciales que quieren abrir el 2 de enero a toda costa”.

    En cuanto a las movilizaciones que habían anunciado para el 2 de enero por este motivo, han expresado que “continuaremos con la convocatoria mientras no sean atendidas nuestras demandas. Creemos que, además de no ajustarse a derecho estas aperturas, redunda aún más en el perjuicio de los derechos de conciliación de los y las trabajadores y trabajadoras del sector”.

    Al respecto de la normativa laboral, afirman que “no se nos puede comunicar con quince días de antelación que tenemos que ir a trabajar el 2 de enero, los cuadrantes horarios ya están hechos en las tiendas y establecimientos y se crearía un conflicto en prácticamente el cien por cien de las empresas del sector. Tendrían que acudir a modificaciones sustanciales para obligar a la gente a ir a trabajar, término amparado por la legislación laboral y que provocaría una cascada de denuncias individuales y conflictos colectivos sin precedentes”.